La misma se llevará a en la sede de Promotoras Comunitarias de Mechongue, sito en calle 5 entre 10 y 12 de tal localidad.

En la misma se realizarán dinámicas tendientes mejorar las acciones en común destinadas a niños, niñas y adolescentes

Los miembros del Consejo residentes en Miramar reunirse ese mismo día a las 8 horas en el CIC del barrio 25 de mayo para combinar el traslado de aquellos que no poseen movilidad

“Cuando escuchamos algunas voces, cuando miramos algunas caras que fueron los responsables de esas políticas que habían venido a cambiar, pero que no sólo no cambiaron, sino que profundizaron y agravaron, siento una inmensa pena”, agregó Cristina.

“Cristina resaltó el valor de haber “generado millones de puestos de trabajo” y recordó que en los años anteriores a 2003 “en nombre de las exigencias” del Fondo Monetario Internacional, el Parlamento “votó cualquier cosa en contra de los trabajadores”.

Además, afirmó que “es necesario que todos sepamos que avanzar en la profundización del modelo, es lograr mayor crecimiento económico, mayor valor agregado, mas fuentes de trabajo, más ciencia y tecnología, mayor distribución del ingreso, no es fácil y debemos comprometernos todos. Yo voy a poner todo lo que tengo y lo que no tengo para salir adelante”.

En relación al discurso que había brindado previamente el Secretario General de la CGT, Hugo Moyano, coincidió en que algunos medios “tergiversan la información” pero le dijo que se quede tranquilo porque “la verdad siempre aflora”.

“Las máscaras se van cayendo y las caras aparecen con nitidez y las responsabilidades aparecen; sobre todo cuando la mentira ha sido sobre cosas tan terribles como las que vivimos los argentinos”, concluyó.

La Presidenta estuvo acompañada por el secretario general de la UNASUR y diputado nacional Néstor Kirchner; el gobernador Miguel Saiz; la intendenta María Rosa Iémolo; el secretario del sindicato de Petróleo y Gas Privado, Guillermo Pereyra, y otras autoridades.

Telam

Martín Andrés Garramone tenía cinco años cuando su padre, Daniel Garramone, fue secuestrado y desaparecido en Necochea por un grupo de tareas del GADA 601, el 31 de mayo de 1977. Mientras esto sucedía, la dictadura comenzaba a atravesar una situación deficitaria de las cuentas públicas. Sin el apoyo explícito de los Estados Unidos, y con la recomendación del entonces presidente Jimmy Carter de que ningún organismo multilateral de crédito otorgase financiamiento a regímenes acusados de violar los derechos humanos, la Junta Militar abrió sus puertas a la banca privada extranjera. Varias entidades vieron entonces la oportunidad de prestar a altas tasas de interés.
El registro de esos bancos que facilitaron fondos y los montos está en poder del Banco Central a la espera de que algún juez ordene su análisis.

En el período 1979-1981, se autorizó la entrada de quince bancos extranjeros. En doce casos se trató del ingreso de nuevos bancos, mientras que en tres fueron compras de bancos existentes. El informe de la Cepal sobre la deuda externa detalla los montos desagregados que facilitó cada banco, como los principales deudores, entre los que se encontraban además del BCRA varias empresas del Estado. Es más que llamativo que, entre los que más deuda acumularon, estuvieran el Estado Mayor General de la Armada y del Ejército. Pero el caso paradigmático es el de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), que aunque contrajo sus operaciones por aquellos años, fue obligada por los dictadores a endeudarse más allá de sus necesidades en un intento por engrosar las arcas públicas, lo que terminó por dar oxígeno al régimen.

Según pudo saber Página/12, la demanda civil por daños y perjuicios se presentará en los tribunales federales antes de fin de mes. El sustento jurídico para una acción civil de este tipo se relaciona con una demanda penal imprescriptible: Garramone fue secuestrado y desaparecido por la dictadura militar, que utilizó un aparato represivo financiado por los préstamos que la banca privada otorgó al país.
A partir de la investigación realizada por el reconocido jurista Juan Pablo Bohoslavsky, de la Universidad de Río Negro, el nexo entre estos préstamos y la responsabilidad de la banca privada quedó al descubierto. De acuerdo con lo analizado, las entidades actuaron con complicidad porque debieron haber sabido, tras las denuncias de organismos internacionales y con el veto norteamericano, que ayudaban a financiar a un Estado dictatorial que reprimía, torturaba y asesinaba a su población. A los abogados demandantes solo les resta terminar de delinear los fundamentos que sostienen la demanda. Hace más de un año y medio, una causa afín (el caso Ibáñez) deambula entre juzgados que se hacen los desentendidos a la hora de agarrar la brasa caliente de la complicidad corporativa.

Informe: Gabriel Morini. Página 12

Los documentos, dados a conocer por el diario Tiempo Argentino, muestran claramente la participación de los accionistas de los tres diarios en los crímenes de lesa humanidad que hoy investiga la Justicia.

Los cuatro documentos fueron producidos el 7 de abril de 1977, a las 10:30 y a las 16:30; y el 9 de abril del mismo año, a las 8:40 y a las 20. Habría que remontarse al instante preciso en que un represor, oficial del Ejército Argentino, encabezaba un sumario con la leyenda “Diligencia dejando constancia”, mientras los aullidos de las víctimas flotaban en el espeso aire de un país hundido en la tragedia. Es importante situarse en la época. El terrorismo de Estado ya había desaparecido a 15 mil personas, mandado a prisión a otras 10 mil y asesinado a otras 4 mil, en apenas un año. La justicia había respondido en forma negativa a más de 7 mil habeas corpus. La Junta Militar -la del golpe de 1976, la de Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti- también había declarado caducos los mandatos de la presidenta constitucional de la Nación (Isabel Martínez de Perón), de los gobernadores y vicegobernadores de las provincias; disuelto el Congreso Nacional, las legislaturas provinciales, la Sala de Representantes de Buenos Aires y los consejos municipales de provincias; removido la Corte Suprema, suspendido la discusión política y los partidos políticos, y prohibida las actividades gremiales, profesionales y estudiantiles.

Documentos. El primer documento que del 7 de abril de 1977, lleva la firma del “oficial Superior Preventor Oscar Gallino”. El militar estaba a cargo de la “investigación”: un eufemismo para referirse a la sucesión de tormentos que se le practicó a toda la familia Graiver en el circuito Camps. El acta que refrenda revela que, mientras Lidia Papaleo era torturada, Gallino recibía “a los Directores y Asesores letrados de los diarios La Nación, La Razón y Clarín, quienes concurren con motivo de la adquisición del paquete accionario del Grupo ‘Fundador’ de Papel Prensa”.

Gallino era general de brigada. Un represor salvaje. Desde febrero hasta abril de 1976, había desempeñado el cargo de subdirector del centro clandestino de detención El Tolueno (en la fábrica militar de tolueno sintético) de la zona 4 (Campo de Mayo). Entre sus medallas de combate, se contaba la cacería de los militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) que habían intentado copar el Batallón 601 Domingo Viejo Bueno, en Monte Chingolo.

¿Cómo era el proceso? Todo quedó por escrito. Gallino se reunía con Mitre, Magnetto y Peralta Ramos. Con ellos armaban las preguntas. El Consejo de Guerra Especial Estable número 2, del Comando Zona 1 (a cargo del I Cuerpo de Ejército, con asiento en Palermo, y jurisdicción sobre casi toda la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y La Pampa), les “tomaba declaraciones” a los prevenidos, es decir, interrogaba a los secuestrados (los Graiver y sus empleados). Se realizaba una “prevención sumarial”, es decir, un expediente, como resultado del interrogatorio tomado por “el Oficial Superior Preventor” (sí, Gallino). Y ese material, mientras quedaba registrado en el expediente del Ejército Argentino, también era remitido al juzgado que llevara adelante la causa, para blanquearlo -cuando la ocasión se presentara- ante el fuero judicial.

En el caso de los Graiver, el operativo de “legalización” lo hizo el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Número 6, a cargo de Hugo Molteni (Secretaría Número 11, Ana Benaventano). Así de ilegal, así de perverso.(Diagonales)

Castelli detalló que el policía, cuya identidad prefirió no revelar, fue apresado en la dependencia por sus propios colegas.

“En estos momentos está detenido y alojado en la comisaría de Coronel Vidal”, a unos 70 kilómetros de Mar del Plata, dijo el jefe policial.

Castelli explicó que además del arresto del suboficial fue relevado de su cargo el titular de la comisaría novena, comisario Carlos Bianchi, ya que es lo que suele hacerse administrativamente en estos casos.

El jefe policial aclaró que por el momento al comisario relevado no se le imputa participación alguna en ningún hecho investigado.

Sobre la participación en los delitos del policía ahora detenido, Castelli dijo que “no se le adjudica la autoría material sino una participación necesaria para que se cometan”.

El policía detenido quedó a disposición de la fiscal de turno de Mar del Plata, María Isabel Sánchez. Fuente Telam

Se prende fuego en una vivienda  parte de un montículo de leña y ropa, de la calle 48 bis al 100, propiedad del Sr Juan Acosta; al llegar los bomberos el fuego había decrecido.

Se prende fuego el habitáculo de un vehículo Fiat 128, estacionado en la calle 32 y 15, sin ocupantes, desconociéndose las causas hasta el momento. Acuden los bomberos

Hoy a la madrugada vuelca un Fiat Europa en la calle 23 y costanera, en la rotonda, sin consecuencias para el conductor, pero si se derrama combustible que hace suponer que podría prenderse fuego, acuden los bomberos